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viernes, 16 de diciembre de 2011

En España no sobran funcionarios sino defraudadores y los dirigentes patronales que los encubren





JUAN TORRES LÓPEZ

El presidente de la patronal española ha vuelto a insistir en que sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada (Nada nuevo, pues desde que llegó al cargo viene diciendo que en "Hay más de 150.000 funcionarios del Estado que no tienen trabajo que hacer").

Veamos qué hay de verdad en ello.

En España el porcentaje de personas adultas que trabajaban para el sector público en 2008 era del 13% del total de la población activa, uno de los más bajos de la UE-15 (16%). En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.

En España, pues, no sobran sino que faltan funcionarios, al menos en comparación con nuestros países vecinos en donde las cosas funcionan mucho mejor. Y eso es el resultado, principalmente, de que nuestro Estado de bienestar está menos desarrollado porque el gasto social es aquí bastante más bajo que en la Europa de los 15 (aproximadamente el 72% de su media).

Pero eso no es lo peor de lo que no sabe o de lo que oculta el líder de la patronal.

El número de empleados públicos en España es de unos de 3,1 millones y se calcula que el coste de sus nóminas es más o menos de unos 115.000 millones de euros anuales.
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en 2010 (Actualidad Gestha: El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas). O sea, el 37% de lo que cuestan los más de tres millones de empleados públicos españoles, y casi la mital de los 92.000 millones de deficit público de ese ejercicio.

Es evidente, pues, que la patronal no propone reducir el número de funcionarios (como también recortar el gasto en educación, en salud, en pensiones o en servicios a las personas dependientes) porque aquí se gaste mucho en esos conceptos sino porque quieren que las grandes fortunas y los grandes capitales defrauden aún más y paguen todavía menos a Hacienda.

Y, por otra parte, es verdaderamente aberrante y demencial que un dirigente empresarial prefiera que haya 115.000 personas menos sin ingreso en la economía, debilitando así la demanda y los beneficios de miles de pequeños y medianos empresarios afiliados a su propia organización patronal, solo para evitar que la exigua minoría de privilegiados a quien defiende (que no la totalidad de los empresarios) contribuya como los demás al progreso social.

La conclusión es sencilla: en España no sobran funcionarios sino defraudadores que usan para encubrirse a los dirigentes de la patronal. Y dicho esto, no hay que olvidar que es imprescindible -como en cualquier otro ámbito que tenga que ver con la asignación de recursos- que la administración pública sea lo más útil y eficiente posible. Lo que sucede es que en el caso español esto, como acabamos de ver, no tiene que ver con proporcionarle menos recursos sino más (por ejemplo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a luchar contra el fraude y a obtener ingresos fiscales) y con emplearlos mejor y más al servicio de la creación de riqueza y bienestar, que es algo muy distinto a los recortes que se vienen realizando y que se quieren seguir llevando a cabo. 


http://www.juantorreslopez.com/impertinencias/154-impertinencias-de-diciembre-de-2011/2543-no-sobran-funcionarios-sino-defraudadores

martes, 11 de octubre de 2011

El fraude fiscal de los últimos cuatro años en España se estima en 327.000 millones de euros



Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, tiene un plan detallado para rebajar el fraude fiscal un 50% y equiparar a España a la UE, cuando la recaudación se desploma. Para ello, destaca, lo fundamental es la voluntad política.

¿Por qué es una prioridad luchar contra la economía sumergida?
En los últimos años la Agencia Tributaria (AEAT) ha aflorado 31.000 millones de euros y la cuota no ingresada en el periodo de prescripción de 4 años es de 81.240 millones de euros. La cuota por fraude del conjunto del periodo de prescripción es de 327.000 millones. La AEAT descubre un 10% de esa cantidad en periodo de prescripción. Nunca se va a llegar a aflorar el 100%, pero debemos aproximarnos al 50%, a las cifras de la UE, que rondan el 12-13%. En 1985 era del 15,5% en España.

¿Cómo debe hacerse?
Hay que definir qué se entiende por fraude fiscal. La UE ha propuesto una normativa conjunta. Y cuantificarlo, pues no hay estudios rigurosos. Y vincular objetivos con resultados. Es importante redefinir el delito fiscal.

¿Qué le parece la reforma del Código Penal?
La comisión que preparó la reforma de la Ley General Tributaria (LGT) intentó tipificar la defraudación, pero en su paso a los reglamentos se diluyó. Es fundamental crear una policía fiscal, al estilo de la guardia de finanzas en Italia o la de EEUU. También se debe potenciar la autonomía de la AEAT. Propongo crear una oficina nacional de lucha contra el fraude con más rango y coordinarla con la policía fiscal. Hay que promover la especialización de jueces y fiscales en materia fiscal.

Y dotar de mayores recursos a la AEAT. A la vez, debe haber cambios en los procedimientos de inspección, a través de controles anteriores de las grandes operaciones financieras e inmobiliarias.

Sugiero agravar las sanciones en la LGT en casos de resistencia a la inspección y ofrecimiento de servicios y facturas. En forma de responsabilidad solidaria de despachos en fraudes de ingeniería fiscal. Y limitar la normativa de paraísos fiscales: no reconocer la personalidad jurídica de empresas constituidas en paraísos.

Debe revisarse el sistema de módulos para mejorar el sistema de facturación sin penalizar a sus usuarios. Y utilizar los signos externos como indicios de fraude, como propiedades, coches o barcos. La AEAT tiende a controlar al controlado, y deja al margen las auténticas bolsas de fraude. En España hay más de 115 millones de billetes de 500 euros, 7 veces más que en 2002, el 64% del dinero en manos de los españoles y el 30% en toda Europa.

¿Qué opina de la lucha contra la economía sumergida del Ministerio de Trabajo?
Debe haber una coordinación con Hacienda.

¿Qué ha fallado en los planes contra el fraude fiscal?
Una cosa es presentar un plan y otra que haya voluntad política, que no existe. La economía sumergida es una válvula de escape y de paz social.

Fuente: Expansión 

Más:
España: Fortunas y grandes corporaciones evaden 42.711 millones de euros en el último año. (Kaos)
 
Los ricos españoles: Cuántos hay, quiénes son y cuánto pagan. (20 Minutos)

Pero ¿Y esto cómo se paga? (Madrilonia)