Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, tiene un plan detallado para rebajar el fraude fiscal un 50% y equiparar a España a la UE, cuando la recaudación se desploma. Para ello, destaca, lo fundamental es la voluntad política.
¿Por qué es una prioridad luchar contra la economía sumergida?
En los últimos años la Agencia Tributaria (AEAT) ha aflorado 31.000 millones de euros y la cuota no ingresada en el periodo de prescripción de 4 años es de 81.240 millones de euros. La cuota por fraude del conjunto del periodo de prescripción es de 327.000 millones. La AEAT descubre un 10% de esa cantidad en periodo de prescripción. Nunca se va a llegar a aflorar el 100%, pero debemos aproximarnos al 50%, a las cifras de la UE, que rondan el 12-13%. En 1985 era del 15,5% en España.
¿Cómo debe hacerse?
Hay que definir qué se entiende por fraude fiscal. La UE ha propuesto una normativa conjunta. Y cuantificarlo, pues no hay estudios rigurosos. Y vincular objetivos con resultados. Es importante redefinir el delito fiscal.
¿Qué le parece la reforma del Código Penal?
La comisión que preparó la reforma de la Ley General Tributaria (LGT) intentó tipificar la defraudación, pero en su paso a los reglamentos se diluyó. Es fundamental crear una policía fiscal, al estilo de la guardia de finanzas en Italia o la de EEUU. También se debe potenciar la autonomía de la AEAT. Propongo crear una oficina nacional de lucha contra el fraude con más rango y coordinarla con la policía fiscal. Hay que promover la especialización de jueces y fiscales en materia fiscal.
Y dotar de mayores recursos a la AEAT. A la vez, debe haber cambios en los procedimientos de inspección, a través de controles anteriores de las grandes operaciones financieras e inmobiliarias.
Sugiero agravar las sanciones en la LGT en casos de resistencia a la inspección y ofrecimiento de servicios y facturas. En forma de responsabilidad solidaria de despachos en fraudes de ingeniería fiscal. Y limitar la normativa de paraísos fiscales: no reconocer la personalidad jurídica de empresas constituidas en paraísos.
Debe revisarse el sistema de módulos para mejorar el sistema de facturación sin penalizar a sus usuarios. Y utilizar los signos externos como indicios de fraude, como propiedades, coches o barcos. La AEAT tiende a controlar al controlado, y deja al margen las auténticas bolsas de fraude. En España hay más de 115 millones de billetes de 500 euros, 7 veces más que en 2002, el 64% del dinero en manos de los españoles y el 30% en toda Europa.
¿Qué opina de la lucha contra la economía sumergida del Ministerio de Trabajo?
Debe haber una coordinación con Hacienda.
¿Qué ha fallado en los planes contra el fraude fiscal?
Una cosa es presentar un plan y otra que haya voluntad política, que no existe. La economía sumergida es una válvula de escape y de paz social.
Fuente: Expansión
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